Carlos Mora V

"Si eres honesto en tu negocio, no llegaras a ser ni rico ni pobre." (Proverbio Chino)

El garantizar la salud a través de productos farmacéuticos es sin duda alguna, un suntuoso y rentable negocio. Desafortunadamente, en muchos países aun incluyéndonos  el caso de Venezuela, donde adquirirlos representa un gran sacrificio ante el raquítico presupuesto que se tiene, producto de un salario muy bajo en relación al costo del precio alto de los productos farmacéuticos, no accesible para un significativo número de consumidores.

Es sabido los grandes monopolios de muchas empresas   que fabrican productos farmacéuticos, de ahí que no debe sorprendernos que  cada vez son muchísimas   las voces que se levantan contra el monopolio de los grandes consorcios farmacéuticos. Para que un medicamento obtenga permiso para salir al mercado, son necesarios estudios en humanos que demuestren que tiene más ventajas que un placebo, comparando las reacciones en varias personas.

 Sin embargo, cada día más las empresas prescinden de esta comparación limitándose a demostrar que la nueva sustancia es mejor que el tratamiento considerado válido hasta entonces. Si bien estas prácticas facilitan la salida al mercado de nuevos productos, no garantizan mayores virtudes curativas.

Actualmente, los Estados Unidos de América y Gran Bretaña son las dos naciones líderes del mundo en exportación de productos farmacéuticos. De hecho, dos de los tres fármacos comerciados actualmente a escala mundial proceden de empresas de estos dos países.

Al respecto,  nos indica dw-world.de/dw que además del peligro de los efectos secundarios, algunas ONGs como Médicos sin Fronteras u OXFAM acusan a las empresas de conceder más importancia a su patrimonio (protegido por las patentes) que las vidas humanas. Por su parte, las empresas se defienden alegando que no son un servicio sanitario mundial. Enfermedades para las que actualmente existen tratamientos efectivos como malaria, SIDA; o meningitis, podrían ser combatidas si los pacientes tuviesen acceso a los medicamentos, acceso impedido por los precios de las licencias.

La empresa privada está obligada a su accionariado vendiendo el desarrollo de medicamentos. Así como nadie acusa a los fabricantes de alimentos cuando hay hambruna en algún lugar de África, los consorcios se escudan en que se les responsabiliza de los problemas sanitarios del planeta.

Y como blanco de la crítica, las acciones legales contra los consorcios aumentan día a día provocando también el fracaso de nuevas licencias para comercializar medicamentos "útiles". ¿Motivo de alegría? No para los pacientes. Mientras se reduce el riesgo de medicamentos perjudiciales, también la esperanza de curar sus enfermedades.

rebelion.org expone la realidad del negocio de productos farmacéuticos, señalando, que

cien compañías transnacionales con un mercado internacional de 300 000 millones de dólares bloquean las ventas de medicamentos genéricos que pueden ser adquiridos a precios mucho más barato por los países pobres en beneficio de sus pobladores.

Esa política mercantilista y enriquecedora de las firmas farmacéuticas choca con la intención y la práctica de muchas naciones del Tercer Mundo que tratan de curar y detener enfermedades o pandemias como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

Esos medicamentos, por sus elevados precios, son difíciles de adquirir en grandes cantidades por la erosión que causan a las frágiles economías de esos estados.

Al tener esas compañías las patentes de la inmensa mayoría de las medicinas disponibles en el mercado internacional, prohíben por medio de una complicada armazón de leyes que instituciones científicas de otras naciones las puedan producir y comercializar.

El medicamento genérico cuenta con el mismo principio activo, la formula farmacéutica y la composición del producto original y por tanto se puede adquirir más barato.

Pero las multimillonarias compañías farmacéuticas aducen que para lograr el producto final, ellas tuvieron que invertir grandes capitales durante un largo período de tiempo y esos costos se los adjuntan a los precios de venta en detrimento del consumidor, a la par que el productor obtiene enormes ganancias.

Las leyes de propiedad intelectual existentes le otorgan a las compañías un período de tiempo para la protección de la patente tras lo cual deben publicar las pesquisas para que otros laboratorios puedan fabricarlas sin tener que realizar nuevas investigaciones.

Para evadir esas legislaciones, las compañías aducen, entre otras excusas, que continúan investigaciones para desarrollar y mejorar esos productos en favor de la humanidad.

Un reciente informe del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) de Panamá, indicó que el hecho de "comprometerse cada vez más a proteger a la propiedad intelectual de las industrias farmacéuticas en los países desarrollados, reduce los espacios para las competencias dando como resultados que los medicamentos se compren a precios altos y en consecuencia se registra menos accesibilidad para la población pobre".

Ese organismo especializado de Naciones Unidas declaró que la entrada en vigor de Tratados de Libre Comercio (TLC) como el de Centroamérica, redundaría en erogaciones sanitarias más elevadas para los países en desarrollo pues estudios efectuados en naciones que ya han adoptado esos acuerdos neoliberales indican que "se han encarecido exageradamente los medicamentos para el tratamiento del VIH y otras enfermedades".

ONUSIDA pone como ejemplo que un tratamiento con Amlodipino (genérico) puede costar 90 000 dólares, pero si se utiliza el medicamento patentizado el costo llega a la alucinante cifra de 7,2 millones de dólares

Se agrega, que hace dos años en Pretoria se realizó un juicio contra el gobierno en el que los acusadores eran 39 compañías internacionales farmacéuticas. Estas firmas alegaron que una ley sudafricana de 1997, violaba las reglas comerciales mundiales de propiedad intelectual, al abrir vías a la importación paralela y a la producción local de sustitutos genéricos. La ley estuvo bloqueada durante años por la acción judicial hasta que después de erogaciones y discusiones penales las partes llegaron a acuerdos que benefició a la población de ese país afectada por esa enfermedad.

 Por otra parte es muy interesante lo que comenta voltairenet.org, que  no hay que olvidar que a  lo largo del siglo XX, la industria farmacéutica se desarrolló y organizó con el objetivo de controlar los sistemas sanitarios de todo el mundo mediante la sustitución sistemática de terapias naturales no patentables por sustancias sintéticas patentables y, por tanto, lucrativas. Esta industria no evolucionó de forma natural. Al contrario, fue una decisión adoptada por un puñado de empresarios adinerados y sin escrúpulos que querían hacer una inversión. Ellos identificaron deliberadamente el cuerpo humano como su ámbito de mercado con el objetivo de generar más riquezas.

La fuerza motriz de esta industria de inversión fue el Grupo Rockefeller. Éste controlaba ya más del 90% de la industria petroquímica en los Estados Unidos en el cambio de siglo del XIX al XX, y estaba buscando nuevas oportunidades de inversión a escala internacional. Otro grupo de inversión activo en este sector se formó en torno al grupo financiero Rothschild.

Tómese en cuenta, que después de la Standard Oil de Rockefeller (hoy Exxon), el segundo conglomerado de empresas farmacéuticas y petroquímicas más grande del mundo durante la primera mitad del siglo XX, fue del grupo IG Farben con sede en Alemania. Este conglomerado de empresas fue el factor principal que explica la subida de Hitler al poder y su invasión conjunta de Europa y del mundo. De hecho, la Segunda Guerra Mundial fue una guerra de agresión preparada, comenzada y dirigida desde los consejos de planificación de IG Farben. Ésta fue la empresa matriz de IG Auschwitz, la planta industrial más grande de este cartel de la industria química fuera de Alemania.

Gran parte de la riqueza de este cartel se acumuló con la sangre y el sufrimiento de los esclavos que trabajaban en sus fábricas, incluidos los del campo de concentración de Auschwitz. IG Farben apoyó y utilizó sin ningún escrúpulo a los gobernantes políticos alemanes con sus poderosas armas, con el fin de conseguir el dominio económico sobre toda Europa y el resto del mundo.

IG Farben fue la accionista principal de la Standard Oil de Rockefeller, y viceversa. En aquel momento, la victoria de las Fuerzas Aliadas sobre la Alemania Nazi acabó con los planes de IG Farben de convertirse en el conglomerado farmacéutico y petroquímico más importante del mundo. Al mismo tiempo, Standard Oil y las otras empresas farmacéuticas y petroquímicas del consorcio de Rockefeller se convirtieron en el grupo financiero dominante de esta industria, y desde entonces han mantenido esta posición de liderazgo.